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Condena a civiles cómplices de la dictadura

En un fallo histórico, la justicia condenó, 11 años de prisión efectiva al exjuez federal Pedro Duarte y el exfiscal federal Víctor Ortiz por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 personas durante la última dictadura cívico-militar. El veredicto de «La Escuelita VIII» se conoció el martes 17 de diciembre de 2024.

Duarte era miembro del Ejército y se había desempeñado como jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén con el grado de Mayor hasta pocos días antes de ser designado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén el 2 de agosto de 1976, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 1984. Ortiz era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal el 23 de septiembre de 1976 y se mantuvo en el cargo hasta el 1 de abril de 1985.

En el juicio se abordó la actuación de los ex funcionarios judiciales en las denuncias y habeas corpus presentadas por las familias de personas que habían sido detenidas ilegalmente y que no fueron investigadas, garantizando la impunidad las fuerzas represivas en esos hechos.

Ambos fueron acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad. Duarte, además, fue condenado por prevaricato, cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basado en información falsos.

Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.

Este es el octavo juicio que se realiza en Neuquén por crímenes de lesa humanidad y el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado. En los debates anteriores fueron condenados ex integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas por crímenes contra más de un centenar de personas.

Desde la vuelta de la democracia, fueron condenados por la justicia casi 1200 genocidas.