La educación pública es la mayor herramienta con la que cuentan los sectores populares para transformar la realidad y construir una sociedad más justa e inclusiva. Para ello, la tarea docente debe centrarse en aportar elementos que permitan analizar el contexto, leerlo de manera integral para formar ciudadanxs críticos, situadxs en el presente, con memoria y conciencia social.
Desde esta perspectiva se sustenta a la educación como un derecho humano y social, que no es producto de la decisión individual ni de un sector gobernante. Es una definición construida colectivamente en debates donde participaron todos los actores que forman parte del sistema, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y político partidarias que concluyeron con la promulgación de las leyes de educación que nos rigen tanto en Nación como en provincia.
Lamentablemente, el desconocimiento y la necesidad de sumar minutos en los medios de comunicación, llevan a algunos políticos a cuestionar a la educación pública, poniéndose en jueces de algo que no conocen, porque la última vez que pisaron una escuela fue cuando terminaron la secundaria. Tal es el caso del legislador provincial Juan Martín, a quien casi no se le conoce mayores iniciativas en su tarea, salvo sus declaraciones efectistas contra la educación pública y el anteproyecto de declaración de la educación como servicio esencial, desconociendo la tarea pedagógica y restringiendo el derecho de lxs trabajadorxs a la sindicalización y organización. Jamás una palabra respecto a la situación edilicia, la falta de comedores ni transporte, ni nada que garantice el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas.
Parece que a los cultores de la libertad les incomoda que otrxs la ejerzan, entonces promueven la censura y cuestionan a docentes que hacen su tarea respetando la ley provincial de educación, por ejemplo el Art 10, inc. b) que establece que se debe “Brindar una formación ciudadana comprometida con la democracia sustantiva en el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes que regulan su ejercicio, al Sistema Republicano y Federal, a la Constitución Provincial, y que permita a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, aprender y ejercitar en las escuelas rionegrinas el valor de la participación, de la toma de decisiones colectivas, del diálogo y la argumentación como medio para la resolución de los conflictos, de la reflexión crítica sobre el orden escolar y social (…)” .
¿Cómo es posible leer el presente, si no es a través de las acciones y palabras de sus protagonistas? ¿Cómo es posible enseñar y aprender a argumentar si no es a través de la lectura crítica de textos? ¿Cómo es posible hablar de lo que pasa en la vida de lxs estudiantes si no es a partir de lo que sucede en los espacios donde viven, y a quienes ellxs reconocen como parte de su cultura?
Los sectores antidemocráticos gustan de hablar de adoctrinamiento en las escuelas, para aplicar medidas que adoctrinan, por ejemplo la censura y la injerencia de sectores ajenos a la educación en los contenidos. Sin embargo, es tan amplia la pluralidad de voces en la historia de la educación pública, que le ha permitido acceder a cargos públicos a quienes hoy la denigran.
Más allá de lxs opinólogxs de turno, la educación es democrática, debe garantizar la mirada amplia y diversa para construir ciudadanía que transforme la realidad. Con esa convicción defendemos a nuestrxs compañerxs que hacen del acto educativo un acto de libertad.
General Roca- Fiske Menuco, 31 de marzo de 2025.
María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización.
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto.
Silvana Inostroza, Secretaria General.
