Durante 28 años se instaló un régimen que aplicó políticas represivas, corruptas y contrarias a los intereses y necesidades de las trabajadoras, los trabajadores y los sectores populares. Hoy, nos encontramos frente a una situación política esperanzadora, con un nuevo gobierno que tiene la posibilidad de expresar claramente la voluntad de cambio de las rionegrinas y los rionegrinos.
En materia de seguridad existen señales que indican otro rumbo: el anuncio de la disolución del BORA, reclamada tantas veces por el sindicato y la CTA Provincial, la reapertura del caso Garrido, el compromiso con el esclarecimiento de la muerte de los jóvenes Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco asesinados por la policía en Bariloche, el accionar del Ministro de Gobierno, en el hecho de gatillo fácil en Cipolletti, asumiendo, en forma inmediata que lamentablemente se trataba de un asesinato más en manos de las fuerzas policiales de la provincia, comprometiéndose a realizar el procedimiento penal que corresponda.
En el área educativa, principios y reclamos históricos de la UnTER se han visto reflejados en algunas definiciones del nuevo gobierno provincial: el compromiso de realizar la reparación de los edificios escolares durante el receso, tomando como insumo el relevamiento de necesidades edilicias realizado por el Departamento de Salud del sindicato, la denuncia penal y el desmantelamiento de la red de corrupción montada en torno a las contrataciones de empresas privadas para el mantenimiento y reparación de nuestras escuelas, el compromiso de solucionar los graves conflictos heredados de la gestión saliente y que oportunamente denunciamos como arbitrarias y unilaterales, la modificación y actualización consensuada y participativa de la Ley Provincial de Educación, cuya revisión veníamos impulsando activamente, para que la educación se democratice y se consagre como un derecho social de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Definiciones originadas en la decisión política del gobierno provincial de poner al frente del Ministerio de Educación a un maestro con trayectoria política sindical como es el compañero Marcelo Mango, que a su vez va incorporando compañeras y compañeros de distintos sectores internos del sindicato en diferentes áreas del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Para las trabajadoras y los trabajadores es importantísimo comenzar a ocupar lugares de definición política en los distintos poderes que forman parte de los gobiernos: nacional, provinciales y municipales. En esta nueva etapa que se esta viviendo en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, las organizaciones del campo popular deben asumir el protagonismo de ocupar esos espacios para poder consolidar los distintos Proyectos Nacionales y Populares que se están dando en la región.
También es cierto que en todo proyecto político, por más positivo que pueda resultar para los intereses de los sectores populares existen distintas posturas o definiciones que pueden producir desacuerdos, diferencias y que inclusive pueden ir en contraposición con banderas históricas de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que han apoyado ese cambio en el rumbo político institucional.
Desde hace años venimos denunciando la creación y progresiva ampliación, por parte del gobierno anterior, de un verdadero ejército de punteros pagados por el Estado para no cumplir otra función que la de mantener un aparato clientelar de dimensión provincial. Coincidimos plenamente con la necesidad de modificar de raíz esa realidad, pero también tenemos muy claro que el gobierno debe ser extremadamente cuidadoso en el análisis, caso por caso, para que aquellos que son verdaderos trabajadores y trabajadoras sigan en sus funciones pasando a planta permanente, y aquellos que cobraban sin trabajar sean despedidos en forma inmediata.
También, consideramos un grave error la derogación reciente de la Ley que prohibía la minería con uso de cianuro. Este tipo de explotación, no solo es profundamente destructiva y contaminante en términos ambientales, sino que además no genera recursos económicos para la región en la que se instala y malgasta en gigantescas cantidades recursos naturales, como el agua. La riqueza producida se la apropia la empresa minera dejando, al momento de retirarse, únicamente contaminación y destrucción, haciendo inviable otros proyectos productivos.
Por otra parte, la inesperada muerte del Gobernador Carlos Soria y la conmoción política resultante debe, a nuestro criterio, ser superada por el conjunto a partir de la continuidad institucional, con la convicción de que Río Negro siga siendo parte del Proyecto Nacional y Popular.
En esta nueva coyuntura política y social de nuestra provincia confirmamos nuestro compromiso de lograr una redistribución del conocimiento y de los recursos que garantice la justicia social para nuestro pueblo. Mantenemos las premisas básicas con las que iniciamos esta Conducción y que nos permitieron obtener logros muy significativos en el 2011, entre los que podemos destacar el incremento del 60% en el básico y del 50% en el salario bolsillo. En el 2012, con el trabajo militante de todas y todos, tenemos que cambiar la educación en la provincia de Río Negro, garantizándola como un derecho social, mejorando el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación, incorporando más compañeros y compañeras a la estabilidad laboral, logrando mejores condiciones en cada uno de nuestros puestos de trabajo, definiendo una mejor estructura de cargos para cada Nivel, haciendo cumplir las condiciones edilicias que garanticen la salud de docentes y estudiantes y recuperando nuestra obra social.
Tal cual lo expresa nuestro Secretario General de la CTA, el compañero Hugo Yasky: “…somos independientes de los partidos y los gobiernos pero eso no quiere decir que seamos neutrales frente a las políticas,…”. Somos claros al decir que mantenemos todas y cada una de las banderas históricas de la UnTER y la CTA de Río Negro apoyando aquellas políticas que benefician al conjunto, cuestionando aquellas que consideramos equivocadas y asumiendo la responsabilidad de impulsar la revolución cultural que nos permita instalar en forma definitiva a la Educación como un derecho social, por medio de un gran debate social con la participación de todos los actores involucrados para que sea el pueblo rionegrino el que defina qué educación quiere para nuestra provincia.
3 de febrero de 2012
Jorge Molina, Secretario General
