La Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley nacional 25485) es producto de largas luchas del movimiento de mujeres y organizaciones feministas.
Su marco epistemológico y político indiscutiblemente nos sitúa a las mujeres como sujetas plenamente capaces de ejercer los derechos allí reconocidos, sin depender del tutelaje de otrxs. Un principio rector de la ética feminista que la inspira es darle a la voz de las mujeres total protagonismo, visibilidad, credibilidad y legitimidad en sus denuncias y su defensa cuando son víctimas de una situación donde se vulneran de sus derechos. Cualquier ayuda o acompañamiento individual o institucional, debería garantizar las condiciones materiales y subjetivas para el cumplimiento de la ley, basándose en este principio.
El comunicado del Movimiento Paulo Freire no sólo viola este principio fundamental, sino que al mismo tiempo mancha el nombre de Freire, transgrediendo su legado sobre el valor de la autonomía y la toma de la palabra como herramienta contra la opresión.
Las mujeres no necesitamos patriarcas (por no decir llanamente machos) que salgan en nuestra defensa. Mucho menos si esa pretendida “defensa”, sin medir las consecuencias, expone la conducta de una mujer -ya evaluada en la legitimidad del marco institucional- al escrutinio público, objetivándola como botín de guerra en una disputa político-sindical.
Una denuncia de violencia de género se asienta formalmente para activar los mecanismos institucionales necesarios para lograr eliminarla y reparar los daños causados. Nombrar la “violencia de género” como consigna -apelando a la sensibilidad social recientemente manifestada bajo la consigna “ni una menos”- sin contar con argumentos sustanciales para sostener la acusación, banaliza el problema social que promovió la sanción de la ley y desacredita las luchas del movimiento de mujeres.
Lxs autorxs del comunicado, como trabajadorxs de la educación, tienen una responsabilidad social ineludible con la Educación Sexual Integral y, en general, con la formación para una ciudadanía plena, basada en los derechos humanos. Por ejemplo, no pueden desconocer que la violencia de género no “agrava” las situaciones de violencia, sino que constituye una vulneración de derechos o un delito específico. Sin embargo, manipulan las palabras y, de esta forma, traicionan sus obligaciones con las políticas públicas que lxs comprometen como educadores, usando supuestos “conocimientos de género” para “embarrar la cancha”.
La idea de que “lo personal es político” es un legado del movimiento feminista que permitió desnudar las opresiones del sistema capitalista y patriarcal en la vida cotidiana. En este caso, la personalización del conflicto es un artificio que al mismo tiempo que descuida a las personas involucradas, afecta la dignidad de las luchas sociales y la institucionalidad del sindicato.
El CCCXIV Congreso Extraordinario que sesionó en Choele Choel el 7 de agosto ya repudió otros agravios, desatinos y calumnias contenidos en el comunicado del Movimiento Paulo Freire. Pero creo que es indispensable visibilizar la gravedad y extensión del daño que nos causa especialmente a las mujeres.
Gabriela Wuthrich
Afiliada a UNTER Nº 10586
Educadora y activista feminista
