El gobierno avanza de manera unilateral, en la flexibilización de la modalidad Educación para personas privadas de su libertad, desconociendo el trabajo realizado durante 12 años por referentes del Observatorio de Derechos Humanos,  UnTER, el servicio penitenciario y la justicia de Río Negro.

 

El Consejo Directivo Central de UnTER, participó como integrante fundacional del  Observatorio de Derechos Humanos, de la Audiencia convocada por los Jueces de Instrucción penal de Roca-Fiske Menuco y Bariloche, Juan Pablo Chirinos y Juan Martín Arroyo; con el Ministerio de Educación para requerir información del cambio en la modalidad que pretende imponer el gobierno a partir de 2017 y que ya fuera presentada por la organización en la reunión con el gobernador Weretilneck el pasado 15 de diciembre.

 

En el encuentro, la representación gubernamental no pudo justificar las razones por las que pretende imponer el proyecto de Centros Educación para Jóvenes y Adultos en los establecimientos penales, que modifica sustancialmente el modelo de escuela, restringe la presencialidad en el cursado, no tiene relación con ninguna otra experiencia en el país y modifica condiciones laborales.

La compañera Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de oportunidades de UnTER, expresó  la preocupación por los cambios anunciados en el área y el temor de que esta propuesta sirva de “ajuste” y no asegure el derecho social a la educación de jóvenes privados de su libertad, que reconocen a la educación como una herramienta fundamental para reconstruir sus proyectos de vida.

 

Preocupación que se desprende de la pobre argumentación presentada por las  autoridades educativas con la que intentaron explicar su propuesta y que  no pudieron responder los motivos por los cuales propiciaban modificaciones en ámbitos que hoy funcionan y exhiben resultados positivos ni tampoco mostraron cómo se había implementado fuera de estos lugares. Situación que es requisito fundamental para los jueces quienes deben garantizar que la educación que se brinde dentro de las cárceles, sea lo más parecida a lo que se dicta extramuros, teniendo en cuenta la posibilidad de acceder a la libertad de los y las  estudiantes y que no deben ver trunca su oportunidad de continuar asistiendo a clase.

En el encuentro, quedó demostrado que el gobierno no realizó las consultas pertinentes ni siquiera a coordinadores educativos dentro de los penales, mucho menos a estudiantes, ni equipos directivos de los CENS que tiene su anexos dentro de los penales de Bariloche, Roca-Fiske Menuco, Cipolletti, Valle Medio y Viedma. Que tampoco tuvieron en cuenta las estadísticas de los últimos cinco años, en las que se puede observar cómo creció la matrícula y se logró un verdadero trabajo colectivo una vez que se logró unificar el modelo educativo en el 2012.

 

Desde UnTER se requirió una reunión con los referentes ministeriales, estudiantes y docentes involucrados para debatir el modelo educativo que se viene construyendo desde 2005, en la que la organización sindical tuvo una activa participación, pese a que los sucesivos gobiernos desestimaron las propuestas de creación de centros dentro de las instituciones penales y la creación de equipos técnicos acordes para acompañar el proceso educativo a estudiantes y trabajadores/as. 

A pesar de esto, la continuidad del trabajo realizado, permite reafirmar que debe respetarse todo lo que ha dado resultado, fundamentalmente la consolidación de un clima escolar que es imprescindible preservar, con docentes que cumplieron su tarea con compromiso y profunda convicción.   Cuyos resultados se verifican en la baja de la reincidencia entre quienes efectivamente cursaron la educación secundaria, en contraposición con aquellos que solo se limitaron a rendir libre. 

 

Desde el sindicato se ratifica plenamente la idea de no modificar este camino sino fortalecer este sistema y profundizar los objetivos que permitirán  alcanzar los objetivos propuestos para garantizar el derechos social a la educación a personas que se encuentran pagando su deuda con la sociedad, pero a las que no se las debe condenar eternamente, sino cumplir con la premisa de trabajar para su reinserción en la sociedad.

 

Gral Roca-Fiske Menuco, 26 de diciembre de 2016.