Paradójicamente, Finoccharo realiza esta afirmación el 30 de agosto, día que figura en el calendario escolar como de conmemoración de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instaurado en el 2011, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión crítica en las aulas acerca de las prácticas sistemáticas de violación de Derechos Humanos que en el pasado el Estado ha realizado en nuestro país.

Resulta preocupante que este funcionario desconozca la leyes y el currículum educativo, pero no nos sorprende, pertenece al equipo de Ceoministros y responde a los intereses de quienes se enriquecieron a costa de la persecución desaparición y muerte de los pueblos originarios primero y 30.000 compañeros y compañeras, después. Lo que nos alarma mucho más, es que exista un sector de la sociedad que acepta sin una mirada crítica esta posición amparado en el influjo de los medios masivos dominantes.

Debemos recordar que la Ley Nacional de Educación, en su Artículo 3 determina que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. Como así también establece como contenido curricular “el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

Frente a esto, urge multiplicar las voces en las aulas y en las calles exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y el juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de su desaparición. Y eso haremos absolutamente convencidxs que el cambio de carátula a desaparición forzada de persona, implica que estamos viviendo un retroceso a las épocas más oscuras de nuestro país, porque la justicia admite la responsabilidad del Estado en su desaparición y posterior encubrimiento de sus captores. 

Está claro que, este acto es también un mensaje para quienes luchan codo a codo con las comunidades originarias, que reclaman por sus derechos en territorios usurpados por capitales extranjeros y/o nacionales, contra las políticas extractivistas que saquean y contaminan. Por esta razón, la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado, va en consonancia con el pedido de libertad del Lonko Mapuche Facundo Jones Huala, que hoy es otro preso político del gobierno nacional.

Como trabajadorxs de la educación nos negamos a ser parte de los adoctrinadorxs del silencio pedagógico, reproductores de un sistema opresor que se sostiene en la política del olvido, por ello promovemos que la campaña impulsada por CTERA no finalice hasta que no se sepa la verdad sobre Santiago.  

Fieles a los principios fundantes de la UnTER, asumimos el compromiso político – pedagógico de construir colectivamente espacios educativos en los que se promueva la mirada crítica, la memoria, la desnaturalización de toda forma de violencia, y el respeto a los principios de los Derechos Humanos, solo así lograremos una sociedad más justa y democrática.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 30 de agosto de 2017.

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General