A un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a manos de la gendarmería, luego de una feroz represión en el predio recuperado por la comunidad Lof en resistencia Cushamen en Chubut, es posible afirmar que este hecho ya era parte del proyecto de militarización de la Argentina que hoy se legitima con el Decreto 638/18 de presidente Mauricio Macri.

Santiago era artesano, tenía 28 años, residía en El Bolsón. El 1 de agosto de 2017, junto a siete integrantes de la comunidad reclamaba por la libertad del Lonko Facundo Jones Huala en el kilómetro 1848 de la Ruta 40, en Chubut. Por orden de la Ministra Patricia Bullrich, su secretario Pablo Noceti, quien se encontraba en la zona, más de un centenar de gendarmes procedieron a desalojar el corte sin una orden judicial, bajo el concepto de “flagrancia”. En tiempos democráticos se aplicaron conceptos dignos del terrorismo de estado.

Este accionar no fue más que la continuación de la represión contra la comunidad Cushamen en enero del 2017 más de trescientos efectivos de la Gendarmería Nacional y fuerzas de la policía provincial invadieron su territorio, para reducir a cinco familias, con helicópteros, drones, caballería, infantería y aviones hidrantes. Todas las fuerzas de seguridad puestas al servicio del multimillonario Benetton dueño de las estancias Tierras del SUR S.A., enclavada en territorio ancestral apropiado, contra sus habitantes originarios. La continuidad de la campaña al desierto genocida.

Con la desaparición de Santiago, resurgió la faceta reaccionaria y fascista de una sociedad consumida por los medios hegemónicos. Conceptos como “algo habrá hecho”, “que tenía que hacer cortando la ruta, si no era su problema”, cientos de Santiagos, fueron vistos en las rutas, haciendo dedo, en comercios del norte, sin rastras, afeitado, como un fugitivo, hasta la reapertura del debate sobre la legitimidad de los reclamos de las comunidades mapuche y su origen argentino o chileno, desconociendo la historia de la región mucho más antigua que las fronteras.  

Teoría avalada desde el gobierno por Patricia Bullrich y su equipo que se dedicó prolijamente a construir el enemigo interno con la teoría conspirativa de la existencia de un grupo terrorista. Resistencia Ancestral Mapuche –RAM-, cuyo líder Jones Huala, es responsable de actos de sabotaje, incendios y asesinatos del otro lado de la cordillera. Con esa excusa, el Lonko está detenido en una situación violatoria de los derechos constitucionales y leyes internacionales, por una causa por la que ya fue juzgado y sobreseído, donde se comprobó que algunos testimonios de la fiscalía se habían conseguido con métodos de tortura contra supuestos testigos.

Cuando, al gobierno nacional le fue imposible sostener el discurso conspirativo, apareció la persecución a la familia Maldonado, testigxs y activistas a favor de la causa Mapuche. Como había pasado en enero, luego de la represión en el Lof, se denunciaron apremios ilegales contra detenidos en Chubut y El Bolsón, la apertura de causas judiciales sin fundamentos, hasta allanamientos sin causa. Ninguno de estos actos contra gendarmes o integrantes de las fuerzas de seguridad que actuaron en la represión. La causa a cargo del Juez Guido Otranto presenta tantas irregularidades que la familia Maldonado consigue su recusación y se designó a cargo del expediente al titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

En contrapartida, el pueblo en la calle se movilizó bajo la consigna ¿Dónde está Santiago?. Desde CTERA se propuso trabajar en las aulas su desaparición en democracia, para multiplicar la voces, educando para transformar la realidad. La reacción del gobierno no se hizo esperar, el Ministro de Educación cuestión duramente la medida habilitando a persecución de lxs docentes que pusieron en marcha este proyecto. Situación que también padecieron compañerxs de Río Negro, cuando se les cuestionó este trabajo.

Luego de 78 días, el 17 de octubre apareció el cuerpo de Santiago, aguas arriba del Río Chubut, para el gobierno se había ahogado, un “desgraciado accidente”. No importaron los testimonios de quienes lo vieron perseguido y golpeado por los gendarmes, ni que el lugar del hallazgo había sido rastreado. Bullrich redobló la apuesta, cuestionó a la familia y los organismos de derechos humanos, los medios hegemónicos dieron por terminado el caso, reforzaron la teoría del terrorismo mapuche que pretendía infiltrarse en la Patagonia, así sumaron más gendarmes y fuerzas especiales en la región.

Una nueva represión en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, terminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel el 25 de noviembre, la detención ilegal de mujeres y niñxs y una nueva escalada de persecución que llegó hasta Neuquén y Cipolletti,con allanamientos  en las viviendas de lxs referentes sociales Fermín Martinez, Nadia Paris, en la vivienda de su padre Eduardo y en las de Marco Painevil, Rubén Wani y Carmen Antilef, para conseguir material que los vincular al RAM.

En paralelo, se fue agudizando la crisis, a mayor avance de los planes de ajuste del macrismo, mayor violencia contra la clase trabajadorxs, más despidos, mayor exclusión. La entrega del país al FMI, termina de cerrar el círculo. Para imponer este modelo económico, el gobierno debe justificar la represión en las calles, imponer el miedo y establecer una metodología afín a los peores años de la dictadura genocida que se inició en el 76, no es casualidad, estamos gobernados por sus cómplices civiles, por eso le devuelven a las Fuerzas Armadas la libertad de patrullar las calles.

A un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, es posible comprender que estamos frente a un gobierno que actúa para imponer la “miseria planificada”, que supo describir Rodolfo Walsh, para entregar a los mercaderes del poder hasta la última gota de riqueza del territorio, a costa de la sangre de su pueblo.

Frente a esto, es urgente e indispensable que las organizaciones sindicales, sociales y políticas salgan unidas a defender los derechos del pueblo. Este 1° de agosto debemos ser miles en las calles, para que resuene de norte a sur, el pedido de Justicia por Santiago y juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de este crimen sean juzgados.  

Debemos ser miles, para que esta exigencia por la verdad, se transforme también en la señal más clara que este pueblo no está dispuesto a dejarse avasallar, que no cree ni una sola palabra de este discurso hegemónico, que tiene muy claro que su enemigo interno habita en la Casa Rosada. Debemos ser miles,  para que retumbe el Nunca Más a la violencia de las armas y del hambre, en homenaje a Santiago, a Rafael, a los 30000 compañerxs detenidxs desaparecidxs que lucharon por una sociedad más justa y solidaria y también por nosotrxs, en defensa propia, porque hoy más que nunca lo que está en juego es nuestra vida, nuestra dignidad y la de la futuras generaciones.

Gral Roca- Fiske Menuco,1 de agosto de 2018.

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto 
Patricia Cetera, Secretaria General