Los sindicatos que conformamos el Frente Sindical denunciamos que el gobierno provincial apuesta a recortar derechos en nuestra provincia. El mismo gobierno que hace pocos años acompañó, a través de sus legisladores, por unanimidad un proyecto que fue gestado y trabajado con el objetivo de ampliar derechos sobre la atención de la salud, hace pocos días y por un Decreto del Ejecutivo, reglamenta la Ley 5059, programa de atención integral de enfermedades neoproliferativas, malignas y en estado incapacitante, no solo lo realiza de manera unilateral, sino que además avanza sobre la modificación de dos artículos fundamentales en esta Ley como son el órgano de aplicación y de instrumentación y sobre el tiempo en el que lxs agentes públicos pueden estar incorporados en el programa integral.
A las claras queda que este Decreto nada tiene que ver ni en sus considerandos ni en sus articulados con el verdadero espíritu de establecer principios de resguardo de manera integral a quienes por diversas situaciones estuvieran padeciendo algún tipo de esas enfermedades.
Desde los sindicatos hace años que venimos insistiendo en la reglamentación de la Ley para que la misma garantice la implementación completa; entre ellas la de construir un equipo interdisciplinario en nuestra Obra Social provincial que se ocupe del acompañamiento a trabajadorxs que transitan este tipo de patologías, nada de esto ocurrió y la reglamentación llega como un instrumento de ajuste en el marco del nuevo “clima nacional” al que nuestra provincia parece haber ingresado de manos y pies.
En el Decreto reglamentario, el Art. 5 platea que la Junta de Administración evaluará en forma preliminar la inclusión, dejando sin efecto el pleno funcionamiento del área que debiera haberse creado para tal fin. En la Ley 5059, Art 3. Inciso 6, quedaba establecido la conformación de un equipo para trabajar inclusión, seguimiento, registro e investigación de las enfermedades neoproliferativas. Dicho equipo estaría conformado por un Asistente Social, Psicólogx y Administrativx.
Por qué decimos que esta reglamentación viene a ajustar y a quitar derechos, porque avanza sobre la forma en la que hoy se resuelve cómo y quienes ingresan al programa, burocratizando aún más el esquema en una realidad donde muchxs enfermxs no pueden esperar y por otro lado limitando el tiempo en el que un agente público puede hacer uso, llevándolo en última instancia a hacer uso del régimen de licencias de su organismo y aplazándolo a un inminente descuento de sus salarios si agota los días de licencia ordinaria. Asimismo, en el caso del Art. 8 en su último párrafo, realiza una intimación a los familiares a que realicen una adhesión a la Ley de Oncopediatria N° 27674, o alguna Ley o sistema que lo reemplace, menciona a la vez que vencido ese plazo la provincia podrá disponer la no liquidación de los haberes del o de la agente. Sumando al estado de angustia de los familiares una situación de desprotección absoluta.
Es por todo esto, que desde el Frente Sindical exigimos que el gobierno provincial, y sobre todo en un contexto político en el que no hay dudas sobre la necesidad de que los gobiernos provinciales garanticen derechos, revise este tipo de actos de gobierno y en este sentido defina en qué lugar de la historia quiere ubicarse, acompaña a su pueblo o implementa el ajuste propuesto por el presidente Milei.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 15 de julio de 2024.
Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Nacional
Jorge Molina, Secretario General CTA de lxs Trabajadorxs de Rio Negro
Rodrigo Vicente, Secretario General ATE y CTA Autonoma Rio Negro
Emiliano Sanhueza, Secretario General SITRAJUR
Silvana Inostroza, Secretaria General UnTER
