Acorde con las luchas políticas y sociales históricas en defensa de la democracia y la Justicia Social, esta concepción se sustancia en un cambio de paradigma que se fue construyendo acorde a la ampliación de derechos constitucionales y Tratados Internacionales que fueron promoviendo la igualdad, equidad e inclusión de todas las personas.

Es así como la educación pública en Argentina en todos los niveles y modalidades se convirtió en ejemplo a seguir por los países de la región, no solo por la calidad de sus instituciones, también porque supera la concepción liberal y anacrónica de que hay que “estar” en la escuela sin importar las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo.

Desde esta mirada, la persona deja de ser considerada en términos abstractos o genéricos, y es vista de manera integral, en su específico modo de existencia en la sociedad: como niñx, como adolescente, como adultx, como ancianx, como sujetx con identidad de género, como trabajador/a, etc. Los derechos sociales -trabajo, educación, salud, vivienda- apuntan a garantizar las condiciones de existencia en todas y cada una de esas situaciones.

Obviamente esta concepción se contrapone con la idea de educación como servicio, inscripta en el ideario neoliberal que afirma que los derechos fundamentales son únicamente los derechos liberales civiles y políticos. Así entendida, la educación es una actividad que busca satisfacer las necesidades individuales. Si bien es una parte esencial de la vida cotidiana y de la economía, no requiere necesariamente obligación ni intermediación del Estado para su desarrollo, es un “objeto”, una “prestación” que inclusive se puede comercializar.

Sin pretender entrar en un debate filosófico jurídico sobre derechos, no es casual que cada vez que asumen gobiernos neoliberales, se intente poner en tensión la concepción sobre educación, tal como lo describe Luigi Ferrajoli: “el liberalismo ha sido funcional a las transformaciones de las instituciones del Estado que permitan realizar los imperativos sistémicos impuestos por los poderes financieros y empresariales privados en esta época de globalización de los mercados y de la economía”

En consonancia con el proyecto político que gobierna actualmente, está claro el objetivo de la presentación en Diputadxs del anteproyecto de Ley para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial”, lo que incluye la modificación de un artículo de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Impulsado por Alejandro Finocchiaro (Pro), Carla Carrizo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) con el aval de sus respectivos partidos y de La Libertad Avanza, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (este último con disidencia parcial)

Este anteproyecto, retoma la concepción de que lo único importante para lxs estudiantes es el “estar” en la escuela, y establece nuevas obligaciones para las instituciones educativas, las cuales deberán establecer un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias para garantizar los días de clase durante las jornadas de paro, lo que significa un intento de avanzar contra el derecho legítimo a huelga establecido por la Constitución Nacional.

En este contexto, vale recordar que la ley de Educación Nacional vigente, sancionada en el año 2006, es el resultado de un proceso colectivo y democrático en el que participaron desde especialistas en educación, representantes de todo el arco político partidario, comunidades educativas hasta organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Corresponde que cualquier modificación se debata de la misma manera. De lo contrario, será una avanzada inadmisible e irresponsable contra los derechos del conjunto.

Como representantes de lxs trabajadorxs de la educación entendemos que, si existe la voluntad real de mejorar el sistema y la “permanencia” en las instituciones de docentes y estudiantes, la tarea legislativa debería abocarse en decidir políticas públicas que garanticen el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes en condiciones equitativas, mayor presupuesto para infraestructura, implementación de medidas preventivas de enfermedades laborales, mejor calidad en el salario, etc.

Lamentablemente, asistimos al intento de implementar políticas reduccionistas que intentan instalar discursos de odio, estigmatizar la lucha docente por mejoras laborales, responsabilizar a lxs trabajadorxs y desproteger a las comunidades educativas de los sectores populares, corriendo al Estado de su rol como garante de un derecho básico.

Es incompatible entender un derecho social como un bien público, porque los bienes pueden ser privatizados y enajenados. Las problemáticas sociales no se resuelven entregando al mejor postor la identidad que nos define como país. Por ello, les instamos a profundizar el debate para generar proyectos que incrementen el presupuesto educativo en general, que permitan ampliar los programas socioeducativos para que estudiantes y trabajadorxs puedan transitar el proceso educativo adquiriendo las herramientas necesarias para construir proyectos de vida en una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.