Para mantener viva la memoria, a 30 años del golpe militar
Durante la madrugada del 24 de marzo de 1976, mientras en Buenos Aires, todavía no terminaban de ser informados todos los integrantes del gabinete de su destitución, en Tucumán, el maestro Isauro Arancibia y su hermano Arturo eran asesinados en el local de ADEP. La muerte de Arancibia, cofundador de CTERA y de la Asamblea de Derechos Humanos, reflejó según Eduardo Rozembaig que “el plan no se sintetiza sólo en los cien balazos que había en su cuerpo, sino sobre todo, en el robo de un par de zapatos nuevos. Fue el primer expropiado por la transnacionalización aplicada en la periferia”.
La dictadura instauró en Argentina un sistema de represión que implicó el secuestro, asesinato, tortura, encierro por razones políticas y exilio de miles de personas. Fue mucho más allá de lo delictivo para alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad.
La Junta Militar amparó las prácticas represivas en una serie de normativas e impuso cambios institucionales que favorecieron su accionar. Suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales y creó nuevos instrumentos jurídicos. Suspendió las actividades de los partidos políticos y toda forma de actividad pública. Para el movimiento obrero, el golpe militar, significó el inicio de una cruenta y violenta persecución a sus organizaciones y militantes.
El silencio y el miedo impuestos por la censura, la violación sistemática de los derechos humanos llevada a cabo con total impunidad, crearon una jaula sin rejas que abrazó a la sociedad argentina como un todo. Algunas/os apoyaron, otros buscaron justificaciones del horror para no ver, otras prefirieron callar.
Sin embargo, a pesar de los pesares se resistió, y esa resistencia se visibilizó en voces como la de Rodolfo Walsh, quien el 24 de marzo de 1977, publicó una carta abierta en la que denunció el terrorismo de Estado y el proyecto económico que sumiría al pueblo en la “misera planificada”, al día siguiente fue asesinado con la misma saña que Arancibia. La resistencia se corporizó en las rondas de las Madres, con las Abuelas, el proceso no pudo concluir su plan, porque demasiada gente comprometida con la vida, se negó a ser cómplice, además permitió a los HIJOS construir su propia voz.
Como Trabajadores/as de la Educación sabemos que recordar es un proceso de aprendizaje, que el recuerdo y el olvido se encuentran íntimamente ligados con la transmisión o no de una generación a la siguiente y su aceptación o rechazo a retransmitirlo. Tenemos claro que el genocidio como realidad, coloca al lenguaje en dificultades para expresarlo, pero cuando se hace de él algo indecible e innombrable contribuimos a mantener el agujero negro de la memoria e impedimos la búsqueda de la verdad y la justicia para los miles de desaparecidos, asesinados y sobrevivientes.
Búsqueda esencial para que los primeros no hayan sido asesinados impunemente como resultado de la simple voluntad de aniquilarlos, y para que los segundos no hayan sobrevivido en una sociedad sin memoria, y por ende, incapaz de aprender del pasado y de transmitir ese aprendizaje a las futuras generaciones.
Asumimos el compromiso de repensar la historia como un acto de justicia, para reconstruir memorias silenciadas y ocultadas, tan necesarias en esta disputa por el conocimiento que nos permite pensar otros futuros posibles, imaginar y construir una sociedad donde los crímenes se juzguen y condenen, donde no existan desaparecidos ni políticos, ni sociales. Donde el Estado de derecho y la justicia social sean definitivamente una realidad para todas y todos y no mera teoría porque, como lo expresó Juan Gelman cuando recibió el Premio Nacional de Poesía en 1994, “Para los atenienses de hace veinticinco siglos el antónimo de “olvido” no era memoria, era “verdad”, y la verdad es hermana siamesa de la justicia.
Consejo Directivo Central, General Roca, 22 de marzo de 2006.
Carlos Tolosa, Secretario General
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
