Plantear la inconstitucionalidad de la ley de movilidad nº 4.059 y declarar la sesión permanente, estado de alerta y movilización, frente a la ausencia de convocatoria a Paritaria y la falta de garantías del normal funcionamiento del sistema educativo, por parte del gobierno provincial que subvenciona escuelas privadas en desmedro de la educación pública, son parte de las definiciones del Plenario de UnTER que sesionó en Roca, el 9 de agosto.
La inconstitucionalidad de la ley de movilidad se presentó en la Cámara Laboral de Viedma, como un caso testigo y se fundamenta en un exceso del empleador, en este caso el Estado. Con la excusa de distribuir de manera más equitativa los recursos de la cartera educativa, se sancionó la ley 4059, la que de manera arbitraria cercena el concepto de movilidad del salario docente, reduciéndolo en un 46%.
La normativa además viola derechos adquiridos, atenta contra la posibilidad de desempeñar los cargos para los cuales los docentes fueron designados por concurso y ratificado por el CPE. Modifica las condiciones laborales que existían al momento de la designación. Sin un real, adecuado y equitativo reconocimiento de compensación, es imposible el desplazamiento hacia los lugares de trabajo más alejados al domicilio del/a docente.
En este sentido es una norma antieconómica que no pude admitirse en función de la emergencia económica, pues la provincia aumentó la recaudación. La sanción de la ley además atenta contra el ámbito Paritario, espacio en el que se deben abordar los temas relacionados a las condiciones labores.
En la actualidad el ministerio de educación, sus funcionarios, y el gobierno provincial no son capaces de garantizar a la educación rionegrina movilidad, recomposición salarial, el mantenimiento de los edificios, ni brinda alimentos frescos y adecuados en las escuelas. Por el contrario, desde cada regional, sólo proponen soluciones parciales al conflicto de la movilidad, plantean alternativas inviables y más costosas que agravan la situación.
El plenario expresó su respaldo al compañero Jorge Fernández, Secretario General de la Seccional Jacobacci, que en un intento de amedrentar a los trabajadores, fue denunciado por la Delegada Regional Santa Comezaña, por una pegatina de afiches en el marco del conflicto por recomposición salarial del 2005. El Plenario sesionará el día de la audiencia convocada por el juez Gregor Joos en Bariloche.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 10 de agosto de 2006
Orlando Solaro, Secretario de Prensa
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
