Distintas comunidades educativas de Río Negro, se han hecho escuchar, durante la última semana en reclamo por mayores medidas de seguridad en los establecimientos, frente a la seguidilla de robos y atentados contra instituciones educativas y docentes. Está claro que cada suceso es el emergente de una situación de desigualdad social, que atraviesa a los sectores populares y que no se remedia con mayor cantidad de policías en las calles. Tampoco, estigmatizando barrios, ni con la liviandad de algunxs funcionarixs que estigmatizan a lxs jóvenes y judicializan la pobreza. Como trabajdorxs de la educación reiteramos que se debe responder bajo el precepto de la seguridad ciudadana, con medidas de política pública que bien pueden implementar tanto el gobierno nacional, como el provincial, si realmente tiene la intención de brindar al pueblo, la oportunidad de desarrollarse de manera integral, con equidad y justicia social.