A un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a manos de la gendarmería, luego de una feroz represión en el predio recuperado por la comunidad Lof en resistencia Cushamen en Chubut, es posible afirmar que este hecho ya era parte del proyecto de militarización de la Argentina que hoy se legitima con el Decreto 638/18 de presidente Mauricio Macri.
Lectura de la sentencia en el juicio a siete policías de Río Negro por la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Daniel Solano.
Numerosas movilizaciones se desarrollaron el jueves 26 de julio, en el marco de la protesta nacional contra el decreto de Macri, que avala la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles del país. En Río Negro, se realizaron acciones unificadas en toda la provincia junto a organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Trabajadoras y trabajadores de la educación nos movilizamos el jueves 26 de julio, a las 17, en toda la provincia, en todo el país, para expresar nuestro absoluto repudio a la reforma del funcionamiento de las Fuerzas Armadas anunciada el 23 de julio, por el presidente Mauricio Macri que habilita a las fuerzas armadas a reprimir al pueblo, convertido en “objetivo estratégico”, en este contexto de construcción del enemigo interno que articula la Ministra de Defensa Patricia Bullrich, contra los pueblos originarios, militantes y organizaciones que rechazan el modelo de ajuste y exclusión que pretenden imponer.
UnTER repudia la reforma del funcionamiento de las Fuerzas Armadas anunciada el 23 de julio, por el presidente Mauricio Macri, a partir de la que se permitirá la presencia de militares en las calles, para reprimir al pueblo, convertido en “objetivo estratégico”, en este contexto de construcción del enemigo interno que articula la Ministra de Defensa Patricia Bullrich, contra los pueblos originarios, militantes y organizaciones que rechazan el modelo de ajuste y exclusión que pretenden imponer.
La reiteración de situaciones violentas que afectan a docentes en los espacios educativos requiere una urgente intervención de los organismos del Estado rionegrino, porque no alcanza con poner custodia policial para evitar nuevas agresiones. Es imprescindible el trabajo interinstitucional, trabajar con todos los actores del sistema para desnaturalizar la violencia y actuar desde la prevención.
“Son muchas cargas que tenemos con nosotros, el hecho de que hace tres meses haya fallecido Gualberto Solano, que no pudo llegar al final de éste juicio”, dijo Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, en la audiencia de los alegatos de la querella y la fiscal que se realizó el 3 de julio de 2018. Desde la fiscalía y la querella se pidió prisión perpetua para los siete policías. “Homicidio agravado por alevosía” son los cargos que solicitó Aparicio. La fiscal Teresa Giuffrida son culpables de “desaparición forzada, seguida de muerte”.
