UnTER repudia la decisión del Intendente Nelson Iribarren y sus concejales Liliana D Agostino, Darsi Juárez, Guillermo Di Napoli y Daniel Suarez de Sierra Grande de derogar la ordenanza que declaraba al municipio libre de actividad nuclear, en una clara acción de desconocimiento de la voluntad popular y la falta de voluntad por la protección de la vida de ésta y las futuras generaciones.
Las mujeres marchamos por el derecho a vivir en una sociedad igualitaria, sin violencias ni exclusión. Se leyeron sendos documentos con reivindicaciones comunes por igualdad laboral, políticas de prevención y protección de la salud, educación y justicia, por el cese de todas las formas de violencias ejercidas contra las mujeres, que muchas culminan en femicidios.
Documento: Posicionamiento del Consejo Directivo Central respecto del Día Internacional de la Mujer.
UnTER rechaza y repudia el fallo que habilita la extradición de Facundo Jones Huala y la represión que se desplegó. Denunciamos este juicio por anticonstitucional.. Exigimos la inmediata liberación de lxs 15 detenidxs. Cese a la persecución de la protesta social. Estamos en Buenos Aires para exigir al Estado que de respuesta sin violencia, a las necesidades del pueblo. Verdad y justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Comienza el juicio por la privación de la libertad y homicidio agravado de Daniel Solano.
El 25 de enero de 2018, se inició el en campo “La Manuela” en Choele Choel, el operativo para bajar a Jagüel, en el marco de la búsqueda de Daniel Solano, obrero rural, desparecido el 5 de noviembre de 2011. Integrantes de UnTER, acompañaron a su padre Gualberto junto con el grupo de familiares y amigos y organizaciones sociales para exigir verdad y justicia. La búsqueda de Daniel lleva más de seis años, en los que se cruzan intereses económicos y políticos, apañados por la justicia y un pacto de silencio en el sector policial, que obstaculiza cada instancia de la causa.
UnTER repudia los dichos de Nicolas Massot, actual Diputado Nacional, respecto de la puesta en marcha de una política de reconciliación nacional, con el objetivo de permitir la impunidad de los genocidas y sus cómplices civiles y religiosos, responsables de la desaparición, tortura y asesinato de 30.000 compañerxs y el robo de más de 400 niñxs nacidxs en cautiverio.
Vivimos en un Estado democrático, sin embargo, el gobierno nacional se ocupa que este precepto se ponga en duda cada día. Presxs políticos sin garantías de debido proceso, el uso de las fuerzas policiales y militares como herramienta para reprimir la protesta social y para despedir a trabajadorxs, la presión a goberndorxs y representantes provinciales para conseguir imponer leyes antipopulares, el silenciamiento de medios de comunicación críticos, entre otros aspectos. Ahora el ataque se concentra contra sindicalistas.
