La emisión de la Resolución N° 270/15 del Consejo Federal de Educación nos remite a una discusión reciente sobre el pedido de parte de las autoridades gubernamentales del Consejo Provincial de Educación…
Una denuncia de violencia de género se asienta formalmente para activar los mecanismos institucionales necesarios para lograr eliminarla y reparar los daños causados. Nombrar la “violencia de género” como consigna -apelando a la sensibilidad social recientemente manifestada bajo la consigna “ni una menos”- sin contar con argumentos sustanciales para sostener la acusación, banaliza el problema social que promovió la sanción de la ley y desacredita las luchas del movimiento de mujeres.
Cuando en el año 2012 se termina con la supuesta consulta para el dictado de la nueva ley de educación, el entonces Ministro de Educación ponía en la cúspide de la transformación que a partir de ese momento la comunidad, los padres y docentes decidirán sobre el destino de la educación. Se dijo también que por primera vez los padres tenían su representante en el Consejo Provincial de Educación, decidiendo mediante Ley 4836 la designación en la Legislatura de la Provincia. El tiempo comprobó la mentira clara y evidente.
Es importante que nuestra organización gremial haya definido mantener la bandera histórica del NO a los certificados de antecedentes, como supo hacerlo en su momento para que desapareciera ese concepto en las definiciones del Consejo Provincial de Educación. Este es un importante logro que tiene que ver con una disputa ideológica por dónde debe pasar el verdadero funcionamiento de la justicia y del sistema educativo.
No se puede aceptar más la política de esconder debajo de la alfombra los errores y hacer aparecer en la superficie que se está preocupado con definiciones demagógicas como las de repitencia cero y promoción de cualquier manera, ya que así se hipoteca el futuro. El Ministerio de Educación debe hacerse cargo del sistema educativo, destinar el dinero para apuntalar la educación pública y no para quienes quieren tener su escuela propia. Por HÉCTOR RONCALLO (*)
Desde UnTER tenemos la convicción que no puede existir ningún caso impune, que urge la democratización de la justicia, igual que su independencia de los gobiernos y las corporaciones. Es imprescindible desmantelar por completo todo aparato de Inteligencia y que se publiquen todos los archivos secretos en poder del Estado. Como así también exigimos, el cese de la criminalización de la protesta social en todo el país.
Queda mucho por hacer; recuperar una militancia que se alejó, compañeros/as que prefieren que otros decidan por ellos, entender y asumir colectivamente las decisiones que se toman orgánicamente, sostener las diferencias políticas y a partir de ellas construir en la diversidad, son objetivos que debemos seguir impulsando para conseguir la meta propuesta cuando asumimos esta conducción.
Llegó el fin del 2014, un año cargado de mucha actividad sindical. Con el esfuerzo del conjunto comenzamos a levantar las banderas históricas de la UnTER, vivimos muy intensamente los 40 años de nuestra organización y reconquistamos un rol protagónico entre los trabajadores/as y la sociedad.
No hace mucho tiempo la UnTER decidió por unanimidad expulsar al afiliado que ejercía el cargo de Ministro de Educación por sus actitudes para con los docentes y su acción definida contra el sindicato y las autoridades escolares al prohibir, entre otras tantas cosas, la palabra. En esa actitud llevaba puesto el acto autoritario de resolver y decidir por sí lo que quería, a pesar de su discurso, lo que claramente se demostró contrario a las acciones. El tiempo pasa y luego de haber mantenido nuestra organización muchas reuniones con la nueva Ministra, lo que es auspicioso, desde el punto de vista de sentarse, se observa que el criterio de resolver unilateralmente sigue y para lo que se pretende en educación es grave. El discurso nuevamente contradice la acción.
