Resulta preocupante que el gobierno persista en incrementar las problemáticas que afectan a las instituciones educativas y a docentes, promoviendo acciones de manera inconsulta. En reuniones de Comisión de Salud y Paritarias, UnTER presentó informes sobre las falencias del 0800, que desmienten, en los hechos, los fundamentos para imponerlo como son la cobertura inmediata de vacantes y el cobro de suplencias.

El Departamento de Salud de UnTER, realizó presentaciones en junio del 2017, en febrero se ratificaron los reclamos para que se garanticen las condiciones básicas de higiene y habitabilidad en las escuelas, sin embargo, aun cuando tuvieron dos días más para trabajar, por el paro docente, hay escuelas con problemas que podrían haberse solucionado previamente. Esta invisibilización de las problemáticas también es parte de una política de Estado que UnTER rechaza, lo mismo que todo intento de derivar culpas a quienes padecen los problemas antes que solucionarlos.

Una vez más la desidia de los funcionarios y la arbitrariedad en la emisión de Resoluciones del Ministerio vulneraron el derecho de enseñar y aprender en escuelas Línea Sur y Zona Andina. Compañerxs de Pilquiniyeu del Limay quedaron varados en el paraje por la rotura del transporte, mientras que en El Bolsón a cientos de estudiantes se les negó el traslado a sus escuelas por el recorte fijado en la resolución para transporte escolar. Resulta paradójico que sea el mismo gobierno el que pone los mayores obstáculos para que acceder al derecho a la educación y al trabajo. Solo puede entenderse en el marco de una política de ajuste que avanza sobre los sectores populares, donde más presupuesto debe invertirse para garantizar los derechos sociales.