El 18 de noviembre, en el Juzgado Federal de Roca – Fiske Menuco, en la causa en que se investiga el delito de trata de personas, se tomó declaración indagatoria a Adrián Lapenta y Pablo Mercado, ambos dueños de la firma AgroCosecha S.A, empresa tercerizada de Expofrut, para la cual trabajaba Daniel Solano al momento de su desaparición.
El 11 de noviembre de 1997 los cuerpos de las jóvenes María Emilia, Paula González y Verónica Villar fueron encontrados en las inmediaciones de Cipolletti. Dieciocho años han pasado de este triple crimen y no sabemos por qué, ni quiénes son los responsables, sabemos de un detenido pero no por el asesinato, de la impericia, encubrimiento y ocultamiento de pruebas por parte algunos efectivos de la policía y funcionarios del gobierno de entonces, de la desidia del Poder Judicial, que no fue capaz de enmendar su pésima actuación. Hasta supimos de testigos falsos y del asesinato de Carlos Aravena, también impune.
En el marco de la conmemoración del cuarto aniversario de la detención y posterior desaparición del joven Daniel Solano, se realizó en Choele Choel el 7 de noviembre, una jornada de esclarecimiento y protesta.
18 de julio de 1994, se produjo el atentado a la AMIA, el mayor ataque terrorista perpetrado contra la sociedad argentina, que dejó 85 muertos y 300 heridos. 21 años pasaron desde entonces. La causa acumula miles de fojas pero el atentado aún no ha sido esclarecido.
Participamos de esta actividad junto a otras organizaciones sociales, sindicatos, familiares y amigos del bombero desaparecido el 2 de junio de 2012.
El boliche República Cromañón fue la trampa que hace 10 años atrás envenenó con humo de cianuro a cientos de chicas y chicos que habían ido a un recital de fin de año. Mató a 194, el 40% pereció intentando salvar a otros
Familiares y la comisión de justicia por Pablo Vera denunciaron que la policía reprimió, detuvo y golpeó, a 24 personas, que se manifestaron en contra del fallo que confirmó la excarcelación del policía Jorge Villegas que asesinó al joven, entre los que se encontraban niños, niñas y dos jóvenes embarazadas.
Integrantes de organismos sociales y sindicales de Roca, denunciamos que durante la marcha pacífica realizada en solidaridad con los familiares de Pablo Vera, asesinado por un oficial de la policía de Río Negro, representantes policiales impidieron el acceso a la sede judicial a representantes del Observatorio de Derechos Humanos y del Consejo de Niñez y Adolescencia de la localidad, entre ellos a una abogada y trabajadoras de salud que asistieron al lugar, además, por otros casos.
Recordamos a Mariano Ferreyra a cuatro años de su asesinato bajo las balas de la patota sindical de la Unión Ferroviaria, bajo las órdenes de José Pedraza. Hoy, los responsables ideológicos y materiales están presos, sin embargo, las condenas todavía no fueron ratificadas por Casación, y tampoco se erradicó el trabajo tercerizado y precario, por ello mantenemos sus banderas de lucha, por la dignidad de trabajadoras y trabajadores.
Una vez más nos vemos obligados a denunciar un nuevo caso de abuso de autoridad por parte del personal policial de la provincia de Río Negro. Repudiamos y hacemos pública nuestra preocupación, por el hecho ocurrido el día sábado 22 de agosto del 2014, cuando personal policial de la Comisaría 32 de Cipolletti detuvo y golpeó a un miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro Alejandro Jaramillo. Un militante de DDHH que de manera constante se encuentra velando por los derechos de los más débiles, denunciando los casos de violencia institucional.
